La reforma de la ley para ser vigilante de seguridad privada
El crecimiento del sector Seguridad en los últimos años
La reforma de la Ley de Seguridad Privada, aprobada por el gobierno hace unos años, disparó la demanda de cursos de formación para ser vigilante de seguridad privada, uno de los requisitos imprescindible para poder ejercer en la profesión. Fue entonces cuando las empresas de seguridad privada de Madrid, y otras provincias, podían asumir algunos servicios que hasta entonces solo podían llevar a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Desde entonces, y aunque la crisis económica tiende a disminuir poco a poco, se han disparado el número de desempleados que han visto en la opción de ser vigilante de seguridad privado una oportunidad para conseguir un empleo estable y con cierto recorrido. El Ministerio del Interior dio el visto bueno a cientos de academias en todo el territorio nacional para impartir los cursos homologados del sector. Estos cursos tienen un precio que puede oscilar entre los 300 y 500 euros, donde se incluye el material necesario como manuales y demás, entrenamientos, clases presenciales, simulacros, etc.
Se han ofrecido oportunidades a uno de los segmentos más castigados por la crisis como es el de los trabajadores menos cualificados, ya que para conseguir el título de auxiliar solo es necesario el título de graduado escolar o el de la ESO, tener menos de 55 años, nacionalidad española y carecer de antecedentes penales.
El número de vigilantes de seguridad privada se ha disparado en los últimos años debido a las facilidades de acceso a la profesión por parte del gobierno y a las nuevas competencias que pueden cubrir las empresas de seguridad privada. Este sector ha sufrido con creces los efectos de la crisis económica con unas elevadas tasas de desempleo y ahora parece que empieza a despegar después de aumentar el número de centros donde se puede impartir la materia necesaria para conseguir los distintos puestos que demandan las empresas.
La nueva Ley de Seguridad Privada sustituyó a la que había en vigor desde 1992 y mejoró ostensiblemente la consideración de los vigilantes privados dentro del ordenamiento jurídico, así como una extensión en sus capacidades de control. Hasta entonces, solo podían cachear o detener a sospechosos en el interior de edificios, inmuebles, polígonos industriales, urbanizaciones privadas o centros comerciales, pero ahora podrán desempeñar estas funciones en cualquier espacio público, incluido el centro de las ciudades. También la ley los habilitaba para proteger el perímetro de las prisiones del estado, un trabajo que anteriormente desempeñaba la Guardia Civil de manera exclusiva.
El número de efectivos de la vigilancia privada dispone de una plantilla superior a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, cada una por separado. La entrada en vigor de la ley sentó las bases para un crecimiento importante del sector en pocos años y esperamos que pueda continuar esa tendencia en los próximos años.
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