Un sector a prueba de riesgos

El negocio de la seguridad privada en España afronta nuevos desafíos gracias a una legislación que amplía la colaboración entre el sector público y privado.

Con una facturación superior a los 3.300 millones de euros en 2014, el sector de la seguridad privada en España puede decirse que está en auge. Integra a más de 1.500 empresas y da trabajo a más 100.000 personas, según los datos ofrecidos por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco

Martínez, con motivo de la celebración el pasado 21 de mayo del Día Nacional de la Seguridad Privada –en conmemoración del día en el que el Rey Carlos I promulgó la primera norma de seguridad privada en España, allá por 1518–.

“Se trata de un sector sólido e innovador que aglutina a profesionales muy cualificados y presenta grandes posibilidades de crecimiento. A nivel europeo factura 34.000 millones de euros y cuenta con 2,2 millones de vigilantes y 60.000 empresas”, afirmó al respecto Francisco Martínez el pasado mes de mayo. “En España hay un vigilante de seguridad por cada 513 habitantes, frente a otros países como Francia, con un vigilante por cada 438 habitantes; Alemania, uno por cada 322 habitantes; y Reino Unido, uno por cada 170 habitantes”, precisó.

Con unas funciones que van desde evitar robos en domicilios y comercios hasta la vigilancia en espacios públicos, lo cierto es que el ámbito de la seguridad ciudadana no se entiende sin la actividad privada. De hecho, la última normativa del Ministerio de Interior al respecto, la Ley 5/2014 ­4 abril­ de Seguridad Privada, se articula en torno a su consideración como parte o complemento de la seguridad pública que ejercen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Una legislación que sustituye a la vigente desde 1992 y que amplia de forma considerable las capacidades del sector privado de seguridad. “La existencia de la seguridad privada se configura como una medida de anticipación y prevención frente a posibles riesgos, peligros o delitos. La consideración de la seguridad privada como una actividad con entidad propia, pero a la vez como parte integrante de la seguridad pública, es hoy un hecho innegable”, describe el preámbulo de la actual regulación, de acuerdo a lo cual, prosigue el texto, “se hace necesario avanzar en fórmulas jurídicas que reconozcan el papel auxiliar y especialmente colaborador desempeñado por la seguridad privada”.

En este sentido, la Ley hace hincapié en aspectos como la organización y la planificación, la formación y la motivación del personal de seguridad, o la eliminación de las situaciones que dan lugar al intrusismo laboral, tanto de las empresas como del personal. Esta problemática, la contratación de personas carentes de la habilitación o acreditación necesaria para la prestación de servicios de seguridad, puede llegar a suponer, de acuerdo a la normativa actual, el cierre de la empresa infractora.

El sistema de acceso a la profesión abarca tanto al Ministerio de Interior como al de Educación, Cultura y Deporte, pues contempla la posibilidad de una formación profesional reglada, así como de los correspondientes certificados de profesionalidad para el acceso a las diferentes profesiones de seguridad privada, desde vigilantes a guardas rurales o escoltas.

Asimismo, la actual normativa aborda la regulación de actividades como la investigación privada, la videovigilancia o la seguridad de la información y las comunicaciones, aunque esta última, según se indica, puede desarrollarla cualquier empresa, sea específica de seguridad o no.

De acuerdo con las palabras del secretario de Estado de Seguridad, el escenario que plantea la nueva Ley de Seguridad Privada, “presidido por la colaboración entre lo público y lo privado, consolidando la relación y el respeto hacia un sector con entidad propia que, de manera innegable, es parte coadyuvante de la seguridad pública”.

Además, de forma inédita hasta el pasado mes de marzo, el Ministerio de Interior hizo extensible esta colaboración al ámbito de la lucha contra el terrorismo islamista. Especialistas de la Policía y la Guardia Civil se reunieron con representantes de empresas de seguridad privada –a cargo de edificios emblemáticos, instalaciones públicas, grandes centros comerciales o instalaciones estratégicas de telecomunicaciones o transporte– con el objetivo fundamental de compartir información, aunando fuerzas públicas y privadas ante la amenaza yihadista. Es un ejemplo muy ilustrativo de la relevancia y el aumento de las competencias que están adquiriendo las empresas de seguridad privada.

Concentración

El negocio de las empresas de seguridad privada en nuestro país está especialmente concentrado. Las cinco primeras compañías del sector copan el 53% del mercado, según apuntan diversos estudios. Estamos hablando, además, de un mercado formado en su mayor parte por empresas pequeñas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE): un 82,71% del total de las empresas tendría entre uno y 49 trabajadores. Además, sólo cuatro compañías superan los 5.000 empleados, según fuentes del sector.

De acuerdo con los últimos datos difundidos a cierre de esta edición por la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), el 79% del negocio procede del sector privado y el 21% del ámbito público.

Se trata de un sector dominado sobre todo por hombres, pese a que en los últimos años se ha incrementado la incorporación de la mujer a la profesión. Pese a ello, la proporción es de un 84% de hombres frente a un 16% de mujeres. En cuanto a la edad de los vigilantes, la media se sitúa en los 42 años.

Es un sector marcado por la estabilidad en el empleo –predominan los contratos indefinidos–, pero sujeto a la evolución de la actividad empresarial y la recuperación de la economía.